Esto supone una autorregulación más que una imposición jurídica establecida en la ley de manera generalizada para todos los sectores. Una propuesta que defendieron especialmente los representantes de los empresarios. No obstante, no se descartó que se pudiese establecer algún tipo de suelo porcentual a la temporalidad, especialmente defendido desde los sindicatos. En este sentido, se discutió la adopción de la legislación italiana que establece un límite legal del 20% de la temporalidad, aunque con matices que pueden afectar a ciertos sectores. El debate quedó abierto y tanto, empresarios, sindicatos y el Gobierno tendrán que presentar sus propuestas en una próxima reunión. El trasfondo de la batalla radica en qué criterio se debe usar para reducir la temporalidad.